Dijo el escritor inglés John Ruskin que educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacerle ser alguien que no existía. Extrapolando la reflexión más allá del plano individual y pensando en la colectividad que somos como ciudad, como país, podemos concluir que la educación no es solamente una herramienta para mejorar nuestra sociedad sino que, en un sentido más amplio, representa un instrumento para construir una determinada forma de sociedad. La educación es, como escribió Gabriel Celaya de la poesía, un arma cargada de futuro. La solución a los principales retos de nuestra sociedad empieza por una buena educación, como por una mala educación empiezan los problemas. Una formación adecuada es la base de una futura España de ciudadanos más libres e iguales, más independientes, intelectualmente más protegidos de los mensajes populistas, de la manipulación, de los abusos de los poderosos. Un país de ciudadanos más solidarios, más cultos, conocedores de su pasado para comprender el presente y mirar al mañana con menos prejuicios y más herramientas de reflexión, con más conciencia crítica y menos sectarismo.
Durante las últimas décadas, los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, alternándose indistintamente en La Moncloa, han hecho de la educación —como de tantos otros asuntos importantes— una manzana de la discordia. Nuestra joven democracia ya ha sido testigo nada menos que de siete leyes educativas, eliminada cada una de ellas a favor de la siguiente, sin solución de continuidad, no atendiendo a criterios de eficacia sino de puro interés partidista. Los viejos partidos, al llegar al gobierno, han ido imponiendo sus planes educativos con la naturalidad del nuevo inquilino que cambia los cuadros del salón. Más allá de la evidente ineficacia de buena parte de estas leyes, es indiscutible que su permanente provisionalidad ha hecho mucho daño a la calidad educativa de tantas y tantas generaciones de alumnos, con el consiguiente perjuicio para nuestra sociedad. El PP y el PSOE, incapaces de llegar a acuerdos fundamentales para tan fundamental desafío, han preferido condenar a millones de jóvenes a continuas modificaciones de sus planes de estudio, haciendo caso omiso a los datos que año tras año iban situando a España cada vez más a la cola de Europa en términos de eficacia en la enseñanza pública.
En una entrevista reciente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntaron: «¿Si pudiera impulsar solamente una medida de su programa electoral, cuál sería?» Él, sin dudarlo, contestó: «Un Pacto Nacional por la Educación». No se refería a una ley educativa del agrado de su propio partido. No. Se refería a una nueva ley que, sin ser la ley ideal de nadie, fuera una buena ley para todos. Una ley educativa no para una legislatura, sino para una generación. Un Pacto que concitara la voluntad de consenso de la mayor parte posible de los grupos políticos representados en el Parlamento, para ser así representativa de la mayor parte posible de la sociedad española. Ciudadanos no quiere ‘la Ley de Educación de Ciudadanos’, sino una ley de todos, con vocación de permanencia, de implantación a largo plazo, objeto de mejora si fuera necesario, pero no un parche de quita y pon ni mucho menos un arma arrojadiza entre partidos. Una ley basada en la cobertura de las necesidades específicas de los alumnos, articulada conforme a criterios profesionales y no políticos, confeccionada a la luz de la experiencia, la implicación y el consejo de maestros, padres, alumnos, especialistas de diversas ramas, expertos. Una ley por y para aquellos que harán de nuestro país algo todavía más grande. Una ley que alumbre para España un futuro de oportunidades y desarrollo, de crecimiento, codo con codo con nuestros vecinos europeos.
Es innegable que España requiere con urgencia una ley que desarrolle el incalculable potencial de nuestra juventud, tendiendo puentes específicos —no retóricos— entre la esfera del conocimiento y la del empleo de calidad, fomentando la cultura del esfuerzo, reforzando el aprendizaje de idiomas y apostando por la Formación Profesional. Una ley que nos haga sentir orgullosos tanto de quienes se beneficien de ella como de quienes sean capaces de impulsarla juntos, dejando la confrontación para cuestiones menores. Una ley que nos haga más fuertes, que nos haga, en definitiva, mejores ciudadanos. Nos jugamos el futuro de nuestro país. En Ciudadanos llevamos por bandera el Pacto Nacional por la Educación porque creemos que es posible y es necesario. Y nada nos haría estar más satisfechos que compartir esa bandera con el resto de fuerzas políticas. Porque la educación no entiende de colores. Sumemos para multiplicar.
Francis Rubio, diputada provincial Ciudadanos (C´s) Albacete