Francis Rubio: “La transposición de la normativa debe ser un derecho al que accedan por igual todos los vecinos de la provincia”
La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Albacete, Francis Rubio, ha dado a conocer el contenido de una moción que la agrupación naranja llevará al próximo Pleno de dicha entidad. Con esta petición Ciudadanos quiere que la Diputación designe un Delegado de Protección de Datos, una solicitud respaldada por la normativa europea de protección de datos de carácter personal y su última adaptación legal, que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre. Tal y como ha destacado Rubio, se trata de “una actualización en el modelo de gestión de los datos de carácter personal, debido a que el próximo día 25 de mayo entra en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos”. La diputada ha considerado además la importancia de esta ley en una administración como la Diputación, ya que no sólo presta servicios a otros ayuntamientos sino que también atiende a los ciudadanos de manera directa.
Ciudadanos propondrá al Pleno de la Diputación medidas para aplicar el nuevo reglamento europeo de protección de datos
Con la transposición de la ley europea y su reciente entrada en vigor serán muchas las empresas que tengan que actualizar sus protocolos de protección de datos y para Rubio “la administración debe ser ejemplar en la aplicación de la ley”. Rubio también ha indicado que no sólo pedirán la creación de este delegado dentro de la propia Diputación, ya que en el texto de la moción solicitan a la Diputación la creación de un servicio que atienda a los ayuntamientos en la prestación de servicio tanto para la gestión de sus propios datos como para la protección de datos de sus vecinos.
Atención a los municipios más pequeños
La portavoz de Ciudadanos justificaba esta propuesta explicando que vecinos de distintos municipios no pueden tener distinta protección legal de sus datos y muchos ayuntamientos de pequeñas poblaciones no pueden ofrecer este servicio con sus recursos propios. Francis Rubio ha añadido que la idea es que el servicio se estructure como una agencia consultiva para los ayuntamientos y que llegue a tener una estructura de apoyo pensando en los consistorios más pequeños, con escaso personal y difícil adaptabilidad a dicha ley.