El Grupo Parlamentario Cs denuncia que en la Administración de Castilla-La Mancha hay falta de transparencia y de evaluación en el gasto público, lo cual ha señalado el Tribunal de Cuentas en sucesivos informes desde 2014 y que, a juicio del partido de centro, “refleja cómo se malgasta el dinero de todos y se pone al servicio de intereses políticos en lugar de al servicio de intereses generales”
Toledo, viernes 17 de julio de 2020.- El diputado regional de Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha valorado hoy el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio de 2017 en Castilla-La Mancha, donde se señala el mal uso de las cuentas públicas, desde 2014, calificándolo como “una enmienda a la totalidad a la forma de gestionar el dinero de todos por parte del PP y el PSOE en los últimos 10 años”.
Zapata ha explicado que en dicho informe queda reflejado que la Ley de Hacienda tiene muy pocos impedimentos para hacer modificaciones en el presupuesto, es decir, “sacar dinero de una parte del presupuesto y ponerla en otro”, lo que ha significado, “que solo en el ejercicio de 2017, como señala el Tribunal de Cuentas, el ejecutivo socialista cambió de destino más de 336 millones de euros”. Una Ley de Hacienda “demasiado laxa”, porque según Zapata, “controlar el dinero de todos, no es solo una obligación legal, es también una cuestión de ética pública”.
Despropósitos en la gestión del dinero público
A raíz de las conclusiones reflejadas en el informe del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de 2017, el Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page, “dejó sin control previo del gasto un total de 20 expedientes que suponen casi 8 millones de euros de dinero público”, según el diputado de centro, “algo tan grave, como la falta de evaluación que hay en el gasto público de Castilla-La Mancha”, es decir, “no se señalan los objetivos cuantificables para el gasto y los castellanomanchegos entonces no saben si su dinero va a ir a un gasto, o al final va a parar a otro lado”.
Además, el Tribunal de Cuentas señaló que el Gobierno de C-LM incumplió una vez más, “por no aprobar un plan de tesorería, es decir, de disposición de los fondos”, lo que sigue provocando, “que haya tantos problemas para el pago de las deudas de los proveedores en C-LM”, ha alertado Zapata.
“Subvenciones a dedo sin justificar”
Otro incumplimiento que Cs ha querido poner en evidencia es el de las subvenciones directas que como refleja el informe del Tribunal de Cuentas, “en los expedientes de las subvenciones directas que se dieron en C-LM no hay justificación objetiva ni de las razones por las que se da esa subvención, ni de la cuantía que tiene esa subvención a dedo”. Lo que ha tachado el diputado de Cs de un acto gravísimo, “es poner el dinero de todos al servicio de los intereses políticos y no al de los intereses generales”.
C-LM con graves déficits de Transparencia
Cs ha denunciado también, que dicho informe señala “graves déficits de cumplimiento de La Ley de Transparencia por parte del Gobierno socialista”, tales como, por ejemplo, “la no publicación de los indicadores de los distintos planes de gasto, la no publicación de las actas de las mesas de contratación, la no publicación de la desviación que hay entre el precio por el que se establece una adjudicación y lo que realmente cuesta al final”.
Y es que, casi la mitad de los datos que se publican en el portal de transparencia de la Junta, ha dicho Zapata, “no están en el formato en el que establece la Ley de Transparencia, lo cual hace que sea imposible su comprobación”. No obstante, en el apartado de subvenciones, el diputado de la formación de centro ha denunciado también que el Tribunal de Cuentas señala que los planes de subvenciones de las distintas consejerías “no están publicados y es una obligación de la Ley de Transparencia”.
Por último, Zapata ha avisado que desde el Grupo Parlamentario Cs “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos cómo se malgasta el dinero de todos”, por eso ha anunciado el diputado, “Cs irá planteando en las Cortes las reformas legales necesarias para que haya una evaluación y un control del gasto público y exigirá que el Gobierno de Page gaste el dinero público con responsabilidad, igual que hacen las familias y empresas de C-LM”.