Los liberales proponen un plan de vivienda social y refuerzo de las medidas policiales para hacer frente a la ocupación ilegal
Toledo, jueves 8 de julio de 2021.- El diputado regional de Cs en las Cortes, Javier Sevilla, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario propone a la Junta actuar conjuntamente con los servicios sociales de Castilla-La Mancha para llevar a cabo la inserción social de personas que requieren de una vivienda social, fuera de los rangos de ilegalidad de la ocupación.
Por ello, y a la espera de que el Gobierno de España, “mueva ficha”, Sevilla ha pedido celeridad a la Junta y ha urgido a García-Page para que el Gobierno de Castilla-La Mancha inste al de España a la tramitación “cuanto antes”, del Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas “aprobada por estas Cortes el 17 de diciembre de 2020”.
Implicación de abogados, procuradores, entidades locales y Delegación
Sevilla ha mostrado la voluntad de Ciudadanos para que Ejecutivo autonómico tenga en consideración “firmar con los Colegios de abogados y procuradores de Castilla-La Mancha un convenio, con dotación presupuestaria con el fin de que estos generen equipos especializados en el problema de la ocupación, dando además cobertura jurídica y asesoría a los propietarios afectados”, ha dicho, generando así mismo un número de teléfono y un espacio en internet de atención al propietario donde se pueda establecerse una primera llamada de urgencia cuando haya visto violentado su derecho a la propiedad privada.
Además, Sevilla ha expresado que las reivindicaciones de la formación liberal para este Proyecto de Ley conducen a dar servicios a aquellas personas con necesidades reales de vivienda, “con unas políticas de viviendas sociales serias” y paralelamente las propuestas naranjas, piden penalizar a aquellas personas condenadas por este delito. Asimismo, Cs pide acrecentar medidas policiales para actuar “rápidamente ante estos hechos cada vez más proliferantes”, esto último, en colaboración con entidades locales y con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, “con el fin de adecuar las mismas medidas en aquellas zonas rurales afectadas por esta lacra y que están bajo la competencia de la Guardia Civil para actuar de inmediato ante la ocupación”.